Se exhorta al Estado costarricense para que, de manera urgente y prioritaria , adopte todas las acciones necesarias, de manera articulada y coordinada, y asuma compromisos para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación inclusiva, de calidad y en igualdad de condiciones para todas y todos en aras de avanzar en la erradicación de las brechas sociales y las implicaciones de la crisis educativa, como la exclusión educativa.
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